Cecilia Cook (Special Counsel en Corporate & M&A, Estudio O’Farrell, Buenos Aires, abogada argentina); Victoria Bunchicoff (Commercial Strategy Lead, Stripe, Reino Unido abogada argentina); Pilar Spotorno (abogada ASG, Legal Advisor ERSG Limited, Reino Unido).
Abstract
Leyes de nueva generación: Derecho medioambiental, social y de gobernanza(“ASG”) compara los enfoques del Reino Unido y Argentina en materia de regulación ASG. Mientras que Argentina carece de legislación específica en materia de ASG, utiliza las leyes y tratados internacionales existentes, centrándose en ámbitos como la transición energética y la gobernanza. Las regulaciones relevantes en la materia de ASG son supervisadas por entidades como la CNV y la UIF. El Reino Unido cuenta con un marco estructurado derivado de las leyes nacionales y de la Union Europea, que obliga a informar a través de las directrices SECR y TCFD, y en el que la FCA desempeña un papel relevante. Ambos países persiguen la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, abordando retos únicos y reflejando su madurez normativa y sus prioridades sociales en el impulso hacia una integración de “ASG” exhaustiva.
I. Introducción
La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG o en inglés ESG) en la configuración de las estrategias y políticas empresariales se ha convertido en un punto central de los marcos reguladores modernos. Los criterios ASG representan un conjunto de normas para las operaciones de una empresa que los inversores con “conciencia social” utilizan para seleccionar posibles inversiones, haciendo hincapié en el equilibrio armonioso entre la generación de beneficios y la promoción de causas sociales y medioambientales.
Argentina y el Reino Unido, a pesar de diferir en estructura económica, madurez normativa y prioridades sociales, hacen hincapié en la necesidad de integrar las cuestiones ASG en sus ordenamientos jurídicos.
II. Marco normativo
a. Argentina
i. Panorama de las normativas y políticas existentes en materia de ASG
Aunque Argentina no cuenta con una legislación específica en materia de Derecho ASG, el ordenamiento jurídico dispone de todas las herramientas necesarias para plasmar y aplicar los principios y objetivos ASG.
La promulgación de nuevas normativas específicamente dirigidas a esta materia agilizaría y facilitaría el cumplimiento de los objetivos ASG, pero aún así, la falta de legislación no es un impedimento para avanzar en este propósito. El Gobierno aún no ha satisfecho las expectativas de los ciudadanos respecto a una aplicación y cumplimiento efectivos de la legislación existente en materia de ASG. Se necesitan políticas públicas que conviertan en una realidad estos objetivos.
ii. Principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en cuestiones ASG
En Argentina, la Constitución Argentina y los Tratados Internacionales ratificados (como el Acuerdo de París) constituyen la principal fuente de normas sobre principios ASG. Luego están las leyes y reglamentos específicos:[1]
- Sobre Medio Ambiente: Ley Nº 25.675 (Ley General del Ambiente); Ley Nº 27.520 (Ley de Cambio Climático); RG 517/2023 (Secretaría de Energía: Plan Nacional de Transición Energética Al 2030); y RG 518/2023 (Secretaría de Energía: Lineamientos y Escenarios para la Transición Energética al 2050).
- En lo Social: Ley Nº 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo); y Ley Nº 26.529 (Ley de Salud Pública).
- Sobre Educación: Ley Nº 26.206 (Ley de Educación Nacional); y Ley Nº 23.592 (Ley Antidiscriminación).
- En materia de gobernanza: Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) – Ley Nº 27.401 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas); y Ley Nº 25.246 (Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
La CNV supervisa activamente la incorporación de criterios ASG en la información financiera de las empresas que cotizan en bolsa, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el mercado. Por otra parte, la UIF se encarga principalmente de supervisar transacciones financieras para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otras cosas, garantizando que las empresas cumplan con estrictas normas éticas y regulatorias. Además, cabe señalar que el poder judicial también desempeña un papel fundamental desde el punto de vista de la aplicación, abordando incumplimientos y garantizando la observancia de los principios ASG.
iii. Evolución reciente y futuras tendencias normativas
Los últimos avances en materia de ASG se han centrado en áreas críticas como la transición energética, las cuestiones sanitarias y la lucha contra la pobreza. De cara al futuro, las tendencias normativas se centrarán sustancialmente en la política energética y el medio ambiente, y se intensificarán los esfuerzos contra la corrupción y la pobreza.
b. Reino Unido
i. Panorama de la normativa ASG y los requisitos obligatorios de información
Las políticas ASG del Reino Unido se derivan de la legislación inglesa y de la Unión Europea. La Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006 regula las divulgaciones ASG, como los requisitos de información anual, y es aplicable a las grandes empresas que cotizan en bolsa[2] . Además, existen normativas sectoriales específicas y requisitos especiales en virtud de algunas leyes, como la Ley de Esclavitud Moderna de 2015, la Ley de Igualdad de 2010 y la Ley de Soborno de 2010.[3]
En lo que respecta a la información sobre ASG, algunas empresas británicas deben atenerse a la norma Informes simplificados sobre energía y carbono (SECR) y declarar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), su consumo de energía y su huella de carbono en sus informes financieros anuales. El gobierno británico ha respaldado el marco del Grupo de Trabajo para la Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) y ha exigido a las grandes empresas del sector privado la divulgación de información conforme al TCFD.[4]
Además, las Normas de Divulgación de Sostenibilidad (SDS) del Reino Unido están diseñadas para estandarizar la información sobre sostenibilidad y reducir el ecolavado (Greenwashing). Esto incluye etiquetas de inversión sostenible, requisitos de divulgación y restricciones al uso de términos relacionados con la sostenibilidad en la denominación y comercialización de productos.[5]
ii. Papel de los principales organismos reguladores, el rol del FCA
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA en inglés) desempeña un papel crucial en la elaboración y aplicación de la normativa ASG en el Reino Unido. Por ejemplo, la FCA exige que los gestores de activos, las entidades reguladas, así como las empresas con acciones o recibos de depósito cotizados en la FCA, presenten informes obligatorios de divulgación climática alineados con las directrices del TCFD.[6]
iii. Estrategia de financiación de la energía verde
La Estrategia de Finanzas Verdes del Reino Unido, actualizada en 2023, tiene como objetivo establecer el marco para que el Reino Unido se convierta en el primer “centro financiero alineado con el objetivo neto cero”.[7] Esta política obliga a las empresas financieras británicas a ser coherentes con las vías hacia los objetivos nacionales y mundiales de emisiones netas cero. Un aspecto clave es la implantación de flujos de datos transparentes entre los servicios financieros y los inversores finales.
iv. Evolución de la normativa ASG y perspectivas de futuro
Estudios recientes muestran que, como parte de la creciente regulación que se está produciendo en Europa en materia de ASG, el Reino Unido también ha respondido con una mayor regulación sobre ASG y sostenibilidad en particular. La cuestión que se percibe es que esto impone una presión interna sobre los equipos de riesgo y cumplimiento, como la prevención de ataques de ciberseguridad o, más relacionado con las empresas minoristas/cadenas de suministro, problemas con las violaciones de los derechos humanos.
III. Anatomía del progreso A-S-G
a. Criterios medioambientales
i. Argentina
1. Iniciativas sostenibles / normativa / política específica
En Argentina, sectores como el agroalimentario, la agricultura sostenible, la no deforestación, la gestión limpia del agua y la eficiencia energética están a la vanguardia de la demanda y la recepción de iniciativas sostenibles.[8] Estas iniciativas públicas se suman a las nuevas herramientas de inversión y políticas fiscales propuestas por la administración del actual Presidente argentino, Javier Milei, que se aplicarán de forma más generalizada para impulsar la recuperación económica de Argentina.
2. Papel de las energías renovables y las prácticas sostenibles, incluida la financiación verde
Argentina se ha embarcado en un ambicioso plan de transición energética. Según la Resolución 517/2023 Plan Nacional de Transición Energética lA 2030 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la asistencia técnica de Global Factor, empresa especializada en el sector. Este plan pretende cambiar la matriz energética del país hacia fuentes más limpias y sostenibles, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. [9] Los objetivos de este plan son múltiples. En primer lugar, pretende reducir la demanda energética en al menos un 8% a través de la eficiencia energética, superar el 50% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, lograr un aumento del 2% de vehículos eléctricos en el parque automovilístico, alcanzar los 1.000 MW de generación renovable distribuida.[10]
Argentina está enfocada a configurar un marco eficiente para las finanzas verdes, habilitando las condiciones regulatorias para la emisión pública y privada de instrumentos de inversión verde. El Marco de Financiamiento Sostenible establece las condiciones para la emisión de bonos y préstamos verdes, que estarán destinados a financiar actividades y categorías que contribuyan a objetivos ASG.
En línea con esto, la CNV promulgó la Resolución 788/2019 que establece pautas para la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables en Argentina. Desde 2019, estos instrumentos cotizan en paneles especiales en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables. Adicionalmente, desde 2021, se introdujo el Panel de Bonos vinculados a la Sustentabilidad, dándoles mayor visibilidad ante los inversores.[11]
3. Papel de los combustibles fósiles, retos y/o margen de mejora
Al margen de los planes de transición energética en curso, los combustibles fósiles seguirán siendo una fuente de energía fundamental para los mercados locales y regionales. Dentro del sector del petróleo y el gas, la formación de Vaca Muerta destaca como ejemplo de recurso natural excepcional. Situada en las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa, es la segunda reserva natural de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. [12]
ii. Reino Unido
1. Observaciones sobre las políticas medioambientales, la Ley del Cambio Climático y los objetivos de reducción a cero.
El Reino Unido estableció claros objetivos medioambientales consciente de que no son sólo los cambios meteorológicos los que están afectando al paisaje británico. La Ley de Cambio Climático de 2008 es la base del planteamiento británico para hacer frente al cambio climático, con el objetivo de reducir eficazmente las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, entendiendo que el cambio climático plantea riesgos y traerá cambios a los ciudadanos británicos.[13]
2. Finanzas verdes e inversiones sostenibles
Las finanzas verdes y sostenibles implican que las empresas participen activamente apoyando la transición a una economía sostenible y con bajas emisiones de carbono mediante actividades financieras que tengan efectos medioambientales positivos y promuevan el crecimiento económico a largo plazo. Por ejemplo, Stripe[14] planteo una iniciativa denominada “Stripe Climate” la cual pretende reducir el carbono atmosférico invirtiendo en tecnologías que eliminen y capturen CO2. A través de Stripe Climate, los consumidores pueden elegir entre dos caminos para apoyar esta inciativa: (1) Pedidos climáticos, que permiten a las empresas encargar por adelantado un número específico de toneladas de eliminación de carbono a través del panel de Stripe o de la API.[15] El CO2 sería eliminado por empresas del programa de socios de Stripe, Frontier; y/o (2) Compromisos climáticos, que implica destinar un porcentaje de sus ingresos a proyectos de eliminación de carbono.
b. Criterios sociales
i. Argentina
1. Legislación laboral, derechos humanos y justicia social
El sistema legal argentino consagra el derecho a la educación universal y gratuita en todos los niveles, garantizando el acceso a la educación, afirmando un sistema educativo laico, inclusivo y basado en los valores de “libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y beneficio común”. [16]
2. RSE y DEI en las empresas argentinas
La responsabilidad social de las empresas (RSE) y la diversidad, equidad e inclusión (DEI) son conceptos no económicos que a su vez tienen significativas implicaciones económicas. La RSE se basa en la idea de que las empresas, y especialmente las compañías rentables y exitosas, no sólo tienen la obligación de conducir sus negocios de manera legal y ética, sino que también deben crear un impacto positivo en sus comunidades y en el medio ambiente. Esto nos lleva al Movimiento B y al surgimiento de las B Corps en Argentina. En la actualidad, hay más de 300 empresas con certificación B en Argentina.[17]
La DEI ha sido un principio sustancial de la legislación argentina desde su creación. La Constitución garantiza igual remuneración por igual trabajo[18], mientras que la Ley Nº 23.592 establece la “Protección contra la discriminación” sancionando los actos discriminatorios. Las empresas no son ajenas a estas normas obligatorias. Aunque principalmente impulsadas por la comunidad y la presión del mercado, han trabajado duro en las últimas dos décadas para hacer realidad estos principios, y todavía hay mucho margen para mejorar las cosas.
Si nos fijamos en las empresas que cotizan en bolsa, según los informes de la CNV, en 2022, las mujeres ocupaban el 14,7% de los puestos en los directorios de las empresas que participan en el mercado de capitales argentino. Desde 2013 (cuando la CNV comenzó a elaborar dichos informes) la participación de las mujeres creció en torno al 50%.[19]
Considerando las empresas de mayor facturación, según un informe privado 2023 (KPMG y Mercado)[20] sobre la participación de las mujeres en los directorios de las 1.000 empresas de mayor facturación en Argentina, de los 6.153 miembros titulares y suplentes de los directorios de las empresas mencionadas, sólo 1.077 son mujeres (17,5%) y los restantes 5.076 son hombres (82,5), mientras que en el 93,6% de las presidencias son ocupadas por hombres, quedando sólo un 6,4% para mujeres.[21]
ii. Reino Unido
1. Panorama de la gobernanza social, incluidas las iniciativas de DEI y la RSE
Los reguladores en el Reino Unido están impulsando activamente el programa de diversidad e inclusión. Por ejemplo, los reguladores de los servicios financieros del Reino Unido publicaron documentos de consulta en 2023 con sugerencias de cómo mejorar la diversidad y la inclusión en el sector. Si los nuevos reglamentos se aplican según lo previsto, representarán uno de los mayores esfuerzos realizados hasta la fecha por un regulador para cambiar el panorama de la diversidad y la inclusión en una industria determinada, y servirán de modelo a seguir por otras industrias, sectores y regiones.
Aunque las propuestas de diversidad e inclusión no son novedosas en sí mismas, su alcance es audaz. Estas exigen que las empresas afectadas publiquen estrategias de diversidad, establezcan objetivos de diversidad obligatorios, divulguen datos anuales sobre diversidad que abarquen una amplia gama de datos demográficos, como la orientación sexual, la religión y el origen étnico, e informen sobre sus prácticas de inclusión. Muchas empresas están reevaluando sus estrategias y prácticas en materia de IED para cumplir mejor los requisitos reglamentarios antes de la publicación prevista de una política definitiva por parte de las autoridades en 2024. [22][23]
c. Criterios de gobernanza
i. Argentina
Las empresas que cotizan en bolsa y las grandes empresas internacionales están más implicadas en la aplicación institucional de las buenas prácticas de gobierno corporativo, siguiendo las normas del G20/OCDE (Principios de Gobierno Corporativo). Aun así, los motores del mercado y la opinión pública están empujando a todas las empresas hacia una mayor transparencia y responsabilidad en las prácticas de gobierno corporativo.
La legislación clave incluye la Ley Nº 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales); en la CNV normas para las empresas bajo la jurisdicción de la CNV; la Ley Nº 27.401 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) y la Ley Nº 25.246 (Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
Las normas de la CNV siguen los estándares del G20/OCDE (Principios de Gobierno Corporativo), en reglas como directores independientes y síndicos, transparencia y divulgación de hechos relevantes, entre otras. En 2019, la CNV, a través de la RG 797/2019, actualizó el Código de Gobierno Societario, exigiendo la presentación de informes anuales a los accionistas y al público en general por parte de los órganos de administración de las empresas bajo supervisión de la CNV. [24]
En cuanto al régimen de cumplimiento, el nuevo código ha sustituido la modalidad “cumplir o no, explicar” por la de “aplicar o no, explicar”, lo que significa que las empresas que decidan no aplicar determinadas prácticas podrán, no obstante, cumplir las normas de cumplimiento.
En 2018, Argentina también estableció la responsabilidad penal empresaria (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) por la comisión de delitos de corrupción y cohecho (Ley N° 27.401). También estableció mecanismos de control y normas y pautas para prevenir estos delitos, como la implementación de un programa de integridad con un código de conducta en la empresa.
ii. Reino Unido
1. Breve análisis sobre los códigos de gobierno corporativo
El Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido (el Código) es un marco clave diseñado para promover altos estándares de gobierno corporativo en el Reino Unido. Consta de principios y disposiciones aplicables a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Londres y abarca cinco ámbitos fundamentales: (1) Liderazgo del Consejo y objeto social; (2) División de responsabilidades; (3) Composición, sucesión y evaluación; (4) Auditoría, riesgo y control interno; (5) Remuneración.
En términos de principios, el Código opera bajo la base de “cumplir o explicar”, lo que significa que las empresas deben cumplir sus disposiciones o explicar por qué no lo han hecho. Esto proporciona flexibilidad al tiempo que mantiene estándares elevados.
Las empresas están obligadas a incluir un informe sobre sus mecanismos de gobernanza, indicando cómo han aplicado los principios del Código y detallando cualquier desviación de sus disposiciones.
2. El papel de la diversidad, la transparencia y la responsabilidad de los consejos de administración
Con la aplicación de las nuevas normas de cotización de la FCA, la diversidad y la inclusión en los consejos han adquirido mayor importancia como cuestiones de gobernanza para las empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido. Estos cambios están diseñados para promover una mayor consideración de la diversidad en los consejos de administración mediante el aumento de los requisitos de divulgación para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación.[25][26] Aunque sigue existiendo una brecha de género significativa en los consejos de administración, especialmente en los puestos de liderazgo, se ha avanzado en la mejora de la diversidad de género, ya que la representación de las mujeres en el consejo del FTSE 350 ha alcanzado el 42% (a partir de febrero de 2024). El porcentaje actual de mujeres en puestos de liderazgo en los consejos del FTSE 350 es del 35%, y se insta encarecidamente a las empresas a que redoblen sus esfuerzos para alcanzar el objetivo del 40% de mujeres en puestos de liderazgo para finales de 2025, según FTSE Women Leaders Review. [27]
La diversidad étnica en los consejos queda rezagada en comparación con la diversidad de género, y la falta de representación de las minorías plantea retos significativos para promover la inclusividad, lo que requiere prácticas de contratación y promoción más inclusivas.[28]
IV. Conclusión
El análisis comparativo subraya la importancia de políticas ASG adaptadas pero ambiciosas para impulsar el crecimiento económico sostenible y mejorar los resultados sociales. A medida que ambos países siguen desarrollando estas políticas, aportan valiosas ideas y prácticas al diálogo global sobre sostenibilidad.
[1] Cada oficina gubernamental es responsable de la aplicación de las políticas ASG en su ámbito de competencia. Algunas de ellas tienen un papel más activo, como la CNV y la Unidad de Información Financiera.
[2] Empresas con más de 500 empleados o ingresos anuales superiores a 500 millones de libras esterlinas. ¿Cuál es la normativa ESG vigente en el Reino Unido? (azeusconvene.co.uk). Este marco se complementa con normativa y las Reglas de Cotización y las Reglas de Orientación sobre Divulgación y Transparencia para las empresas cotizadas, así como con el gobierno corporativo, como el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido 2018 para las empresas cotizadas premium, los Principios de Wates para las grandes empresas privadas y el Código de Administración del Reino Unido 2020 para los propietarios de activos, gestores de activos y proveedores de servicios.
[3] Requisitos de información ESG en el Reino Unido (TaylorWessing)
[4] Guía de aplicación de la divulgación alineada con el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD) – Fase 1 y Fase 2 – GOV.UK (www.gov.uk)
[5] Requisitos de los informes de sostenibilidad del Reino Unido en 2024 – Leyes, normas y reglamentos (brightest.io), 2024 Para las organizaciones del Reino Unido que cumplan los criterios de cualificación, el Plan de Oportunidades de Ahorro Energético (ESOS) es un plan obligatorio de evaluación energética que debe completarse cada cuatro años. Estas evaluaciones implican auditorías de la energía utilizada por sus medios de transporte, operaciones industriales y edificios con el fin de determinar estrategias de ahorro energético asequibles.
[6] La FCA establece requisitos exhaustivos para la divulgación de información relativa a cuestiones ASG y de cambio climático. Para hacer frente a las afirmaciones engañosas sobre los beneficios medioambientales de los productos o servicios, la FCA aplicará la norma contra el lavado verde, que entrará en vigor el 31 de mayo de 2024. Esta norma se aplica a todas las empresas autorizadas por la FCA y tiene por objeto garantizar que cualquier declaración relativa a los beneficios medioambientales de las inversiones o los productos financieros sea exacta y verificable.
[8] Como se señala en el Informe 2024 del Banco Mundial. “Hacia un sector agroalimentario más competitivo, inclusivo y resiliente en Argentina“: “Argentina es líder mundial en producción y exportación agroalimentaria. A través de un entorno político mejorado, su sector agroalimentario puede desempeñar un papel más importante en la recuperación económica del país, generando empleos, ingresos, seguridad alimentaria y resiliencia y beneficiando a todos sus ciudadanos y al medio ambiente (…) Una nueva estrategia para el desarrollo agroalimentario sostenible sólo puede tener éxito si se implementa de una manera macroeconómica y fiscalmente sostenible.”
[9] Factor Global, El gobierno de Argentina ha aprobado el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 https://www.globalfactor.com/en/the-government-of-argentina-has-approved-the-national-energy-transition-plan-to-2030/
[10] Factor Global, El gobierno de Argentina ha aprobado el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 https://www.globalfactor.com/en/the-government-of-argentina-has-approved-the-national-energy-transition-plan-to-2030/
[11] Más información en “Mercado de deuda sostenible en Argentina” (Informe CNV 2022)
[12] ¿Qué es Vaca Muerta? | YPF en Vaca Muerta (YPF Argentina)
[13] Estudios recientes muestran que, como parte de la creciente regulación en curso en Europa en relación con ASG, el Reino Unido también ha respondido con una regulación ampliada sobre ASG, y sostenibilidad en particular. La cuestión que se percibe es que esto impone una presión interna sobre los equipos de riesgo y cumplimiento, como la prevención de ataques de ciberseguridad, o más relacionados con las violaciones de los derechos humanos en los sectores minorista y de la cadena de suministro.
[14] Stripe es una empresa tecnológica que crea infraestructura económica para Internet. En términos más sencillos, es una empresa que proporciona herramientas y servicios para gestionar pagos y transacciones en línea. Muchos negocios online utilizan Stripe para aceptar pagos de clientes, gestionar suscripciones y gestionar otros procesos financieros de forma fluida y segura.
[15] Por ejemplo, una empresa dedicada a vender productos ecológicos decide compensar las emisiones de sus envíos. A través de Stripe, pueden encargar por adelantado la eliminación de por ej. 100 toneladas de CO2, pagando a través del Dashboard. La eliminación de carbono sería llevada a cabo por una empresa de la cartera de Frontier, lo que garantizaría que el impacto medioambiental se aborda de forma eficaz a través de la plataforma.
[16] El artículo 14 de la Constitución Argentina y la Ley Nº 26.206 (Ley de Educación Nacional) son las principales piezas legislativas, como ya se ha mencionado, que sustentan el marco educativo de Argentina.
[17] ¿Busca una empresa B Corp? (B Corp) Las B Corps son empresas que trabajan para lograr un impacto positivo en sus comunidades, dando prioridad a los objetivos sociales y medioambientales además de a la rentabilidad financiera. Son responsables no sólo ante sus accionistas, sino ante todas las partes interesadas, incluidos: trabajadores, clientes, proveedores, comunidades y medio ambiente. Cumplen normas estrictas de desempeño de los SIG, llevando a cabo su actividad empresarial con un compromiso de responsabilidad y transparencia.
[18] La constitución argentina, artículo 16, dice: “Igualdad ante la Ley, todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en el empleo sin otra condición que la idoneidad“.
[19] Informe sobre la participación femenina en directorios (2023, CNV)
[20] Véase Women on Boards, Informe KPMG/Mercado 2023.
[21] Sigue baja la representación de mujeres en la máxima conducción de las mil empresas argentinas que más venden (2023, KPMG)
[22] Véase Derecho práctico: Diversity and inclusion (D&I) UK reporting requirements for companies . Varios reglamentos imponen requisitos de información sobre D&I, entre ellos:
- El Reglamento 2017 de la Ley de Igualdad de 2010 (Información sobre la brecha salarial de género) (SI 2017/172) (Reglamento GPG) se aplica a los grandes empleadores del sector privado y del voluntariado (definidos como aquellos con 250 o más empleados el 5 de abril de cada año) (norma 1, Reglamento GPG).
- Políticas de personal y número de personas de cada sexo: Las empresas (que no estén sujetas al régimen de pequeñas empresas) deben elaborar anualmente un informe estratégico de conformidad con los artículos 414A a D de la Ley de Sociedades de 2006 (CA 2006).
- Políticas de empleo de personas discapacitadas: Los directores deben preparar un informe de gestión para cada ejercicio financiero, detallando las políticas de la empresa sobre el empleo de personas discapacitadas. Existen excepciones para las microentidades y las pequeñas empresas, tal y como se establece en la sección 415 de la CA 2006. Con las nuevas propuestas de DEI en el horizonte y las normativas existentes, como la Ley de Igualdad y la Ley de Sociedades, que dan forma a las políticas empresariales, las empresas del Reino Unido son cada vez más responsables sobre sus prácticas de gobernanza social.
[23] Practical Law Toolkit ESG and sustainability toolkit (Reino Unido)
[24] Este informe sobre el Código de Gobierno Corporativo es un informe independiente que debe presentarse junto con los estados financieros anuales de las empresas bajo jurisdicción de la CNV. Las PYME no están obligadas a presentar este informe, aunque se les anima a seguir sus directrices.
[25] Las normas se aplican tanto a los emisores británicos como a los extranjeros con acciones cotizadas en el segmento premium o estándar de la Lista Oficial de la FCA, incluidos los fondos de inversión cerrados y las empresas controladas por soberanos.
[26] Holly O’Neill, Diversidad en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido: What are the challenges & benefits of complying? Ocorian, 7 de marzo de 2024.
[27] Mujeres líderes, KPMG, Lloyds, Informe de febrero de 2024 (2024, FTSE)
[28] Practical Law Toolkit ESG and sustainability toolkit (Reino Unido)
SOBAL 