Mauro Pucheta, Profesor de Derecho, Universidad de Kent / 15 October 2024
Las respectivas asunciones de Javier Milei como Presidente de Argentina en diciembre de 2023, y de Keir Starmer como Primer Ministro del Reino Unido en julio de 2024, presentan dos visiones radicalmente distintas de la regulación del mercado laboral y de los derechos de los trabajadores. A pesar de las disparidades geográficas y políticas, ambas administraciones han situado las reformas laborales en el centro de sus agendas. Sin embargo, las filosofías que guían estas reformas difieren sustancialmente. Mientras que la administración de Milei pretende desregular y liberalizar el mercado laboral en aras del crecimiento económico, la administración de Starmer impulsa políticas encaminadas a reforzar los derechos de los trabajadores y reequilibrar el poder en las relaciones laborales.
Este breve análisis explora los enfoques divergentes de ambas administraciones en tres áreas críticas: primero, la justificación subyacente de la regulación del mercado laboral; segundo, la modificación de las normas de los contratos de trabajo y su impacto en los derechos de los trabajadores; y tercero, el papel de los sindicatos y la negociación colectiva en la configuración de las relaciones laborales.
Regulación del mercado laboral: Crecimiento económico versus reforzamiento de los derechos laborales
La administración de Javier Milei representa una ruptura decisiva con las tradiciones reguladoras de Argentina, como demuestran las amplias reformas de la legislación laboral introducidas mediante el decreto de urgencia DNU 70/2023. Milei, ha enmarcado abiertamente la regulación laboral como un obstáculo para el crecimiento económico, abogando por la eliminación de las barreras que, en su opinión, ahogan el dinamismo del mercado. El decreto, promulgado pocas semanas después de que Milei asumiera el cargo en diciembre/23, pretendía desregular la economía argentina e introducir una flexibilidad sustancial en las relaciones laborales. Una característica clave del decreto es que da prioridad a las soluciones impulsadas por el mercado frente a la intervención del Estado, y la justificación del Gobierno aduce la necesidad de aumentar la “flexibilidad” del mercado laboral para impulsar el empleo y la actividad económica.
Sin embargo, las radicales reformas del DNU 70/2023 se toparon rápidamente con la resistencia judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional el Título IV del decreto, lo que llevó a la suspensión de su capítulo “Trabajo” – mientras se espera una decisión final de la Corte Suprema quien decidirá si el decreto vuelve a tener vigencia o es definitivamente derogado. En respuesta, el gobierno de Milei buscó la aprobación legislativa de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley de Bases), que fue aprobada con éxito por el Congreso en junio de 2024. La nueva ley consolidó muchas de las disposiciones introducidas inicialmente por el DNU 70/23 y constituye la base de la estrategia económica de la administración. La ley avanza en la flexibilidad laboral como un principio clave, haciendo hincapié en la desregulación y la privatización como herramientas para atraer inversiones y estimular el crecimiento.
En cuanto a la justificación de las reformas de la normativa del mercado laboral, cabe destacar el considerando del DNU 70/23 que establece:
Que los emprendimientos, esencialmente privados, resultan el mejor recurso para la contención social, a través del empleo y la generación de bienes y servicios necesarios para la vida de toda la sociedad, y para ello se requieren cambios que permitan una expansión de la demanda de trabajo en el país.
(…) Que se modifican las Leyes Nros. 14.250, 14.546, 20.744 (t.o. 1976), 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555 y se deroga la Ley N° 25.323, a los efectos de mejorar y simplificar los procesos de registración, darle seguridad jurídica a la relación laboral (…)
En contraste, el gobierno laborista de Sir Keir Starmer en el Reino Unido ha adoptado un enfoque diferente, dando prioridad a la protección y mejora de los derechos de los trabajadores. En su primer King’s Speech, Starmer esbozó la introducción de la Employment Rights Bill, una propuesta legislativa clave que promete reforzar los derechos de los trabajadores, mejorar la seguridad laboral e introducir medidas para frenar prácticas explotadoras como los contratos de cero horas. Mientras que Milei ve la desregulación como un camino hacia la prosperidad, el gobierno de Sir Starmer considera que la protección de los trabajadores es fundamental para garantizar la equidad y la inclusión en el mercado laboral. La administración laborista también ha declarado ser un gobierno favorable a las empresas. En concreto, ha afirmado que “[l]a modernización del mundo laboral elevará los estándares y abordará el problema de la subvaloración del trabajo, de modo que las empresas estén capacitadas para competir en una carrera hacia la cima”.
El contrato de trabajo: debilitar o reforzar los derechos de los trabajadores
Uno de los contrastes más marcados entre las dos administraciones se observa en el tratamiento que dan a los contratos de trabajo y a los derechos de los trabajadores. En Argentina, las reformas de Milei han introducido cambios significativos en la regulación de los contratos de trabajo, debilitando notablemente la protección de los trabajadores. La Ley de Bases y su predecesor, el DNU 70/23, han alterado el marco jurídico que rige la situación laboral, sustrayendo de hecho a muchos trabajadores del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) del país.
En particular, los contratos de servicios, de agencia y de obra se rigen ahora por el Código Civil y Comercial de Argentina, y no por la LCT. Además, los contratos de locación de obra o de servicios profesionales u oficios que verifiquen de parte del prestador la emisión de recibos o facturas oficiales, no ingresan dentro de la presunción relativa a la existencia de un contrato de trabajo cuando se trata de prestaciones de personas físicas (artículo 23 de la LCT). Este cambio reduce efectivamente las protecciones otorgadas a los individuos en estas relaciones laborales, ya que ya no se presume que son empleados bajo la ley. Además, las reformas introducen una nueva categoría de “trabajadores independientes con colaboradores”, a los que se permite contratar hasta tres trabajadores independientes sin estar sujetos a las protecciones de la LCT. Este cambio podría socavar el principio de seguridad en el empleo, y podría también aumentar la precariedad de las relaciones laborales en Argentina al difuminar los límites entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo asalariado.
Por el contrario, el actual gobierno del Reino Unido ha propuesto reformar el sistema actual de 3 categorías (employee, worker y self-employed)e introducir un estatus único de worker, con el objeto de volver a una distinción binaria, que permitiría simplificar el complejo panorama actual de las clasificaciones de empleo en el Reino Unido.. Según esta propuesta, se aplicaría un único estatus de trabajador a todas las personas que realicen un trabajo, proporcionándoles un conjunto unificado de derechos, independientemente de si forman parte de la economía de plataforma, tienen un empleo tradicional o están clasificados bajo otros acuerdos contractuales. Esta reforma busca eliminar la ambigüedad en los contratos de trabajo y garantizar que todos los trabajadores disfruten de derechos laborales clave. Esta propuesta forma parte de un enfoque más amplio de Trabajo para mejorar las protecciones en el lugar de trabajo, abordar el trabajo precario y mejorar las condiciones de quienes tienen empleos inseguros[i]
En segundo lugar, la administración Milei ha decidido liberalizar y alentar a los empleadores a utilizar las relaciones laborales triangulares. A diferencia del ya derogado artículo 29 de la LCT, que permitía a los trabajadores alegar que realizaban su trabajo directamente a favor de la empresa usuaria final[ii], la nueva disposición establece que el “único” empleador será el que dé de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, es decir, la “agencia” o contratista.
El planteamiento de la administración Starmer es diferente. Los laboristas pretenden reforzar los derechos de los trabajadores en todo el Reino Unido ampliando la protección de los trabajadores atípicos, como los que tienen empleos precarios y en la economía de plataforma. El gobierno de Starmer se ha comprometido a abolir los contratos de cero horas (zero-hour contracts) –[iii]una característica clave del mercado laboral flexible del Reino Unido – que han sido criticados por fomentar la inseguridad y erosionar los derechos laborales básicos. Además, el gobierno laborista se ha comprometido a garantizar que todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato, se beneficien de las mismas protecciones básicas, incluido el acceso al subsidio por enfermedad y al salario mínimo nacional.
Otra área de divergencia es el tratamiento del despido injustificado. Las reformas de Milei han reducido la indemnización por despido injustificado regulada en el artículo 245 de la LCT, a través del Decreto de Urgencia 70/23, actualmente suspendido. Además, según la Ley de Bases, los empresarios sólo están obligados a indemnizar económicamente en caso de despido discriminatorio, eliminando el derecho a la reinstalación que existía anteriormente. Además, ha derogado completamente las indemnizaciones para los trabajadores que se encontraban en el sector informal o semi-informal, lo que supone un importante retroceso en los derechos de los trabajadores. Este cambio es especialmente importante dados los altos niveles de empleo informal en Argentina, donde se calcula que entre el 35 y el 40% de los trabajadores carecen de registro formal.
En cambio, la administración Starmer ha intentado reforzar la protección contra el despido. La propuesta de la administración laborista, que podría incluirse en el proyecto de ley de derechos laborales, propone la introducción de los “derechos del primer día”, que eliminarían el actual periodo de carencia de dos años antes de que un empleado pueda reclamar protección contra el despido injustificado. Con ello se pretende aumentar la seguridad en el empleo y ofrecer a los trabajadores más recursos contra el despido arbitrario.
Sindicatos y negociación colectiva: Desregulación frente a potenciación
El papel de los sindicatos y de la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales es otro ámbito en el que los planteamientos de las administraciones Milei y Starmer divergen considerablemente. En Argentina, las reformas de Milei pretenden debilitar la influencia de los sindicatos y la negociación colectiva, con el objetivo explícito de promover la desregulación. Uno de los mecanismos clave en los que se basa el gobierno en virtud de la Ley de Bases es la noción de disponibilidad colectiva, que permite que los convenios colectivos deroguen las protecciones laborales establecidas por la ley, en particular la LCT. Esta disposición faculta a empresarios y sindicatos para negociar in pejus y así reducir la protección consagrada en los derechos reconocidos en la LCT, permitiendo de hecho una “race to the bottom” en términos de normas de empleo.
A pesar de la agenda ostensiblemente desreguladora, Milei ha buscado la colaboración con los sindicatos, sobre todo ante la fuerte resistencia a sus reformas. La Ley de Bases se basa en la negociación colectiva a nivel sectorial para aplicar muchas de sus disposiciones, incluidos los cambios en la regulación del tiempo de trabajo, la ampliación de los periodos de prueba y la adopción de un fondo de cese laboral.
La administración Milei ha empleado la metodología de la disponibilidad colectiva como instrumento clave para avanzar en las reformas de la legislación laboral. En particular, el artículo 79 del Decreto 70/23 (actualmente suspendido) facultaba a los actores sociales, a través de convenios colectivos, a liberalizar la regulación del tiempo de trabajo.
Un segundo aspecto importante en el que la disponibilidad colectiva desempeña un papel central es la ampliación del período de prueba. El período de prueba legal estándar se ha ampliado de tres a seis meses. Además, la Ley de Bases permite a los sindicatos y empleadores, a través de convenios colectivos, ampliar aún más este período:
- Ocho meses para empresas de 6 a 100 empleados;
- Un año para las empresas que empleen hasta cinco trabajadores.
Una tercera aplicación de la disponibilidad colectiva está relacionada con el propuesto Fondo de Cese Laboral, que podría sustituir a la actual indemnización por despido injustificado prevista en la LCT. Siguiendo el modelo del sistema utilizado en el sector de la construcción, este fondo es voluntario y se regiría por convenios colectivos. En este contexto, la participación de los actores sociales es fundamental, ya que sus acuerdos podrían dar lugar a cambios radicales en el marco de la legislación laboral argentina. Sin embargo, esta disposición ha suscitado un gran debate, ya que pone en tela de juicio un principio básico de la legislación laboral argentina como es el de estabilidad laboral, y suscita dudas sobre su constitucionalidad.
La posición del gobierno de Starmer sobre los sindicatos y la negociación colectiva es fundamentalmente diferente. El gobierno de Starmer ha hecho hincapié en la necesidad de reequilibrar el poder dentro de las relaciones laborales, en parte mediante la potenciación de los sindicatos. El actual gobierno laborista se ha comprometido a reforzar el papel de los sindicatos en la representación de los trabajadores y en la negociación de mejores condiciones. También se ha comprometido a reformar y derogar la legislación antisindical aprobada bajo anteriores gobiernos conservadores, que imponía importantes restricciones a la acción sindical, en particular la Trade Union Act de 2016 y la Strikes (Minimum Service Levels) Act de 2023. En consonancia con este compromiso, el nuevo Gobierno ha prometido restaurar y ampliar los derechos de los trabajadores a organizarse, negociar colectivamente y emprender acciones sindicales, al considerarlas herramientas esenciales para mejorar los salarios y las condiciones laborales.
Conclusión
Las reformas del mercado laboral de los gobiernos de Milei y Starmer reflejan dos perspectivas ideológicas radicalmente distintas sobre el papel del Estado, el mercado y los derechos de los trabajadores. En Argentina, las políticas de Milei se orientan hacia la liberalización económica, y la desregulación de la legislación laboral se considera un medio de reducir los costes para los empresarios, atraer inversiones y estimular la creación de empleo. Sin embargo, estas reformas se producen a expensas de la protección de los trabajadores y suscitan preocupación por el crecimiento del empleo precario.
En el Reino Unido, por el contrario, el gobierno laborista de Starmer persigue un enfoque más intervencionista, tratando de reforzar los derechos de los trabajadores, aumentar la seguridad laboral y reequilibrar el poder a favor de los empleados a favor de una economía más eficiente y productiva. La eventual introducción de la Ley de Derechos Laborales, junto con los compromisos para mejorar las condiciones de los trabajadores atípicos y dar más poder a los sindicatos, supondrá un cambio significativo con respecto a la agenda desreguladora de los anteriores gobiernos conservadores.
En última instancia, estos enfoques contrapuestos ponen de relieve la división política más amplia entre quienes consideran que la flexibilidad del mercado laboral es esencial para la competitividad económica y quienes ven la protección de los derechos de los trabajadores como un componente fundamental de una sociedad justa y equitativa. Aunque aún está por ver si las reformas de ambos países alcanzarán sus objetivos declarados, los caminos divergentes de Argentina y el Reino Unido ofrecen un estudio de caso revelador en el debate global sobre el futuro del trabajo y los derechos de los trabajadores.
[i] LABOUR’S PLAN TO MAKE WORK PAY. Delivering A New Deal for Working People. https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2024/06/MakeWorkPay.pdf
[ii] A título de ejemplo: si una empresa dependía de agencias de empleo para proveerse de trabajadores para roles específicos como cajeros, y estos trabajadores luego desempeñaban sus funciones directamente en las tiendas en cuestión y estaban integrados en las operaciones diarias de la tienda, podían argumentar, según la legislación laboral existente, que eran efectivamente empleados de la empresa usuaria, no solo de la agencia
[iii] Un contrato de cero horas significa esencialmente que no hay un número mínimo de horas de trabajo garantizadas para el empleado. En otras palabras, los empleados están “a disposición” y solo trabajan cuando se los convoca. Esto significa, por supuesto, que las horas (y el salario) pueden variar considerablemente de una semana a otra, lo que genera una sensación general de imprevisibilidad y potencial abuso por parte del empleador, aunque también permite flexibilidad.
SOBAL 